El legendario cantante Julio Iglesias, de 82 años, ha dado un paso jurídico firme en medio de la polémica legal que enfrenta en España, solicitando oficialmente que se archive la denuncia presentada en su contra por dos exempleadas por presuntos delitos sexuales y de trata de personas.
La defensa del artista —liderada por el penalista José Antonio Choclán— presentó un escrito ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España en el que solicita que se declaren sin efecto las diligencias de investigación preprocesales abiertas tras la denuncia, alegando que los tribunales españoles no tienen competencia para conocer de los hechos denunciados.
Según la defensa, los supuestos hechos habrían ocurrido en mansiones propiedad de Iglesias en la República Dominicana y las Bahamas en 2021, por lo que —argumentan— la jurisdicción debería corresponder únicamente a esos países y no a España. Además, sostienen que las denunciantes no son españolas ni residen habitualmente en territorio español, lo cual, en su visión, imposibilita la competencia de la Fiscalía española para investigar.
En el documento remitido por Choclán también se exige que se detenga lo que califican como “campaña mediática” que, a su juicio, ha causado un “grave daño reputacional” al cantante, y que se le permita acceso al procedimiento para ejercer plenamente su derecho de defensa.
Hasta el momento, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha rechazado permitir que Iglesias se persone en las diligencias preprocesales, al tratarse de una fase inicial en la que se está aun determinando si la justicia española es competente para conocer los hechos denunciados o si deben remitirse a los tribunales de los países donde supuestamente ocurrieron.
La teniente fiscal responsable ha señalado que no procede admitir la personación de Iglesias en este punto del procedimiento, ya que la Fiscalía se encuentra evaluando exclusivamente la competencia judicial y no está entrando en el fondo de las acusaciones.
Las denuncias fueron presentadas el 5 de enero de 2026 por dos exempleadas —una trabajadora de servicio doméstico y una fisioterapeuta—, quienes, con el apoyo de organizaciones como Women’s Link Worldwide, aseguran haber sufrido vejámenes, acoso y abusos sexuales, además de alegar condiciones laborales abusivas mientras trabajaban para Iglesias.
Estas acusaciones surgieron tras una investigación de varios años divulgada por medios internacionales y han sido objeto de amplio debate mediático y legal.
Paralelamente a la estrategia judicial, Iglesias ha negado públicamente estas acusaciones, calificándolas como “absolutamente falsas” y lamentando la situación en redes sociales, donde ha reafirmado su intención de defender su reputación e inocencia ante cualquier alegato.
El caso, aún en fase inicial, implica ahora una disputa legal sobre si la justicia española puede o no investigar hechos ocurridos fuera de su territorio, un asunto que podría sentar precedente en casos con similitudes internacionales y con denuncias presentadas en países distintos al de supuesta comisión de los hechos.
La determinación de la competencia judicial y la posible continuación o archivo definitivo de la causa dependerán de las decisiones de la Fiscalía y, eventualmente, de los tribunales encargados del caso.
